La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha pedido al Gobierno que revise el Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios antes de aprobarlo. La organización sostiene que el texto puede afectar a las máquinas expendedoras instaladas en hospitales, residencias y otros centros públicos.
Una norma aún pendiente del Consejo de Ministros
El proyecto está impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y su aprobación en el Consejo de Ministros podría producirse próximamente, según Aneda. Al tratarse todavía de una propuesta en tramitación, no es una norma vigente. La asociación reclama que continúe el diálogo para modificar los apartados que afectan a la venta automática.
Aneda afirma que comparte el objetivo de promover una alimentación más saludable, pero considera que el texto tiene problemas jurídicos y que no analiza suficientemente sus efectos sobre autónomos y pequeñas empresas. La entidad asegura que ya ha planteado alternativas técnicas para que las nuevas exigencias puedan aplicarse en el sector.
“La aplicación estricta de la norma podría reducir los cánones y poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos”.
La estimación procede del sector y figura en un comunicado de Aneda. La asociación calcula que la venta automática en centros públicos genera unos 60 millones de euros al año en cánones. De aplicarse el texto sin cambios, esa cantidad podría disminuir en aproximadamente 18 millones anuales.
- La reducción prevista por Aneda incluiría unos 8 millones de euros menos en hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios.
- La organización cifra en alrededor de 2.000 los empleos directos e indirectos que estarían en riesgo.
- Según la asociación, en algunos hospitales, residencias y centros públicos las máquinas expendedoras constituyen el único servicio de alimentación disponible.
La directora general de Aneda, Yolanda Carabante, ha reclamado que la regulación no se apruebe de forma precipitada y ha defendido que las medidas de alimentación saludable tengan en cuenta el funcionamiento real de los establecimientos y los servicios que prestan.
