Qué ha cambiado en el real decreto
El Gobierno ha revisado el proyecto de real decreto que fija las condiciones para instalar centros de datos en España y ha introducido medidas menos exigentes que las previstas en el borrador de agosto, según fuentes del sector. El texto ha sido remitido con carácter de urgencia al Consejo de Estado con la intención de llegar al Consejo de Ministros antes de las elecciones.
El cambio de mayor calado afecta a la denominada correlación horaria. Mantiene la obligación de que el 80% de la demanda de cada data center esté respaldada, hora a hora, por generación renovable, pero crea una vía de escape para centros que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia (SRAP). Estos centros tendrán un requisito reducido en ciertas franjas hasta 2028.
- Obligación general: cubrir con renovables el 80% del consumo horario.
- Vía de escape (SRAP): moratoria de hasta cinco años con cobertura reducida al 60% en determinadas franjas hasta 2028.
- Contrapartida: Red Eléctrica podrá ordenar reducciones de carga e incluso desconexiones sin indemnización en casos de contingencia.
El Ejecutivo ha introducido además condicionantes en materia de adicionalidad para evitar que los centros de datos acaparen la producción renovable existente, según el mismo relato del sector recogido por el medio.
Qué supone para el sector eléctrico y las renovables
La moratoria vinculada al SRAP implica que los centros que acepten adaptarse dinámicamente al sistema eléctrico tienen un umbral transitorio menos estricto, pero asumen la posibilidad de que Red Eléctrica les limite el suministro o incluso les desconecte en situaciones críticas del sistema, una medida que choca con la necesidad de disponibilidad continua que requieren estas instalaciones.
| Concepto | Requisito según el nuevo texto |
|---|---|
| Correlación horaria (regla general) | 80% de consumo respaldado por renovables |
| Centros adheridos al SRAP (moratoria) | 60% en ciertas franjas hasta 2028 (fórmula escalable) |
El documento, que incorpora casi 600 alegaciones, también contempla limitaciones para que la demanda de los centros no reduzca la disponibilidad de energía renovable para otros usos, aunque el detalle exacto de los mecanismos de adicionalidad queda por concretar en el texto remitido al Consejo de Estado.
Fuentes del sector han resaltado que el Gobierno buscaba cerrar la incertidumbre normativa «con carácter de urgencia» con la vista puesta en el Consejo de Ministros previo a las elecciones generales del 29‑N.
