La nueva Ley de Dependencia, publicada en el BOE el 3 de octubre y con entrada en vigor el 23 de octubre, incorpora la accesibilidad como un derecho y modifica la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la obligación de las comunidades de propietarios de eliminar barreras arquitectónicas.
Qué cambia y a quién afecta
Según la Fundación Mutua de Propietarios, la reforma sitúa la accesibilidad como un título que puede reclamarse legalmente y establece medidas destinadas a facilitar la ejecución de las obras necesarias en los edificios residenciales. La entidad subraya que se introducen modificaciones normativas dirigidas a reforzar el deber de las comunidades de propietarios de acometer esas obras.
“El reconocimiento por ley de la importancia de la accesibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y movilidad reducida supone todo un hito para la inclusión de este colectivo”, dijo Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.
La Fundación aporta cifras sobre el parque residencial y el alcance del reto:
- Existen alrededor de 9,8 millones de edificios residenciales en España, de los que solo el 3% (unos 292.000) son plenamente accesibles.
- El 97% restante carece de recorridos complementarios accesibles desde la calle hasta la puerta de la vivienda.
- La normativa se dirige, según la Fundación, a los 2,4 millones de personas con movilidad reducida.
Estado de ejecución y retos
El I Barómetro de la Accesibilidad, elaborado por la misma Fundación, indicaba que el 61% de las comunidades no tenía previsto realizar obras de accesibilidad en el año siguiente al estudio. Ese diagnóstico, dice la entidad, explica que más de 100.000 españoles no puedan salir de su domicilio y que 1,8 millones necesiten la ayuda de terceros para hacerlo.
La reforma, según la Fundación Mutua de Propietarios, pretende tanto reconocer el derecho como facilitar los instrumentos legales para su cumplimiento: reforzar el deber de las comunidades de propietarios y simplificar mecanismos para ejecutar las intervenciones necesarias, aunque el detalle técnico y operativo de esos cambios responde al texto legal publicado en el BOE.
La entrada en vigor de la norma obliga ahora a administraciones, comunidades y propietarios a adaptar sus planes y procedimientos para integrar la accesibilidad universal como obligación jurídica y no solo como una pauta de actuación.
