El Tribunal Supremo ha ordenado volver a estudiar la multa de 2.949.660 euros impuesta a la SGAE por abuso de posición dominante. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la resolución con la que la Audiencia Nacional dejó sin efecto esa sanción y ha devuelto el asunto a ese tribunal para que dicte una nueva sentencia.
La decisión fue comunicada por Unison, una entidad que gestiona derechos de autor y que recurrió ante el Supremo junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La casación es el recurso que permite al Supremo revisar si una resolución judicial aplicó correctamente el derecho; en este caso, el alto tribunal ha estimado los recursos y no ha fijado todavía el resultado definitivo de la multa.
La sanción de la CNMC
La CNMC impuso la multa en mayo de 2019, después de investigar varias prácticas de la sociedad de gestión en los mercados de derechos musicales y audiovisuales. El expediente se abrió en 2017 a raíz de las denuncias de Dama y Unison Rights, dos entidades distintas de la SGAE.
Según recogía el caso, esas organizaciones sostenían que la SGAE exigía a sus socios, mediante sus estatutos y contratos, entregar la administración de todos sus derechos de propiedad intelectual en lugar de poder encomendarle solo una parte. La CNMC consideró que esas actuaciones constituían abusos de posición dominante.
- La sanción económica asciende a 2.949.660 euros.
- Los hechos analizados corresponden al periodo comprendido entre 2016 y 2018.
- La Audiencia Nacional tendrá que dictar ahora una nueva resolución.
La Audiencia Nacional había anulado la multa al entender que, en 2018, la SGAE ya no tenía una posición dominante en el mercado relevante de la gestión colectiva de derechos de autores y editores de obras audiovisuales. A su juicio, esa circunstancia no encajaba con todo el periodo al que se refería la sanción ni con la conducta examinada.
El consejero delegado de Unison, Jordi Puy, afirmó que la decisión del Supremo confirma la posición dominante de la SGAE en la gestión de derechos musicales y defendió la libertad de los autores para escoger la entidad que administre sus obras.
Los creadores tienen derecho a elegir quién gestiona sus derechos y a hacerlo sin obstáculos.
El nuevo fallo no resuelve de forma definitiva si la multa debe pagarse. La Audiencia Nacional deberá pronunciarse otra vez después de que el Tribunal Supremo haya dejado sin efecto su sentencia anterior.
