En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la Ministra portavoz del Gobierno Isabel Celaá, comunicó la intención de Pedro Sánchez de recuperar la asistencia sanitaria pública universal en nuestro país.
Sánchez tiene prisa por empezar a cumplir lo que prometió, la derogación del Real decreto de 2012 por el que el Partido Popular (PP) limitó el acceso al sistema sanitario español a los inmigrantes irregulares. En virtud de este RD 16/2012 sólo se permitía atender en la sanidad pública a los menores de 18 años, las embarazadas y en los servicios de urgencias de forma general.
Las razones para aplicar esta reforma en plena crisis económica fueron básicamente dos. Por una parte se quiso combatir el turismo médico. Así se conoce a las intervenciones terapéuticas que, sobretodo ciudadanos comunitarios, venían a realizarse “gratis” para posteriormente regresar a su país. Y por otro lado se deseaba recortar el gasto y ahorrar el coste de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular que en aquel momento residían en nuestro país. No obstante más de la mitad eran ciudadanos comunitarios, por lo que se podría haber cargado el gasto a sus países de origen.
En nombre de la “decencia política”
Un reciente informe de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, señala que de 2012 a 2015 aumentó la tasa de mortalidad de los extranjeros en situación irregular en un 15%. Ahora, el recién estrenado gobierno socialista quiere volver a aplicar el derecho universal a la salud “por decencia política”, como dijo la portavoz. Además hizo referencia a las recomendaciones en este sentido de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE)
Lo cierto es que la cobertura sanitaria universal, no es sólo cuestión de solidaridad. También es un tema de salud pública y altura institucional. Derivar a los pacientes a las urgencias hospitalarias por cualquier motivo, desde los más leves a los más graves, no hace si no sobrecargar estos servicios que, como su nombre indica, deben quedar reservados para las urgencias reales. De este modo, las puertas de la atención primaria, la atención especializada y la hospitalización programada, estaban cerradas para estos pacientes. Todo ello suponía un déficit en la prevención y en el control de las enfermedades contagiosas. Sin contar con el mal uso y el alto coste de la asistencia en los servicios de urgencias, en comparación con el de atención primaria, por ejemplo.
Cumpliendo promesas sociales
Tanto colectivos de enfermería como de medicina, solicitaron la derogación del RD16/2012 desde su aprobación por el Ejecutivo de Rajoy hace seis años. El nuevo presidente cumple su promesa con esta primera medida social. Al parecer se aprobará este Real Decreto y tras unas seis semanas aproximadamente se pondrá en marcha. La portavoz anunció que se iniciará el diálogo con las distintas comunidades autónomas. Finalmente se convalidará en el Congreso de los Diputados.
No obstante, esta medida debería acompañarse de una mejora de los servicios sanitarios públicos. Especialmente, de la atención primaria puesto que es el primer nivel de asistencia y el que resuelve el grueso de los problemas sanitarios de la población. Nuestra maltrecha Atención Primaria necesita, ahora con más razones, una inversión suficiente para dotar de personal y medios a la puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, estaremos preparados para dar una adecuada respuesta a todos los pacientes, regulares o irregulares.
